Comunidad Aymara de Ancovinto demanda al Estado por omisiones en consulta del litio en el Salar de Coipasa

La Comunidad Aymara de Ancovinto, de la comuna de Colchane, ha presentado un recurso de protección contra el Ministerio de Minería y el Ministerio de Desarrollo Social, el cual ha sido acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Iquique. La acción judicial, liderada por su presidente, Joel Gómez Mamani, denuncia graves errores y omisiones en el decreto que convoca a una consulta indígena para el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en el Salar de Coipasa.

Exclusión inexplicable y negligencia estatal

La resolución 2748, publicada el 4 de noviembre de 2024, instruye el proceso de consulta indígena, pero omite a la comunidad de Ancovinto de la lista de comunidades afectadas, a pesar de que un tercio de su territorio está dentro del perímetro del CEOL. Gómez Mamani calificó esta exclusión como “inexplicable” y acusó al Estado de ignorar los derechos fundamentales de la comunidad.

“El decreto ignora nuestro derecho al territorio, al agua, al medio ambiente, al desarrollo y, en última instancia, a nuestra supervivencia como comunidad Aymara. Dependemos de este ecosistema para nuestras prácticas de ganadería, agricultura y tradiciones ancestrales”, afirmó Gómez.

El presidente también criticó que el considerando 21 del decreto base sus fundamentos en un estudio de 1998 sobre territorios quechuas y atacameños en la provincia de El Loa, región de Antofagasta, completamente ajenos al Salar de Coipasa y a la región de Tarapacá. Gómez calificó esta referencia como un “copy-paste negligente” que demuestra desidia y falta de rigor por parte de las autoridades.

Un ecosistema crucial en peligro

El Salar de Coipasa, con 2.218 km² de extensión, no solo alberga importantes reservas de litio, sino que también constituye un ecosistema único en la región altoandina. Este espacio, situado a más de 3.600 metros de altitud, es vital para la biodiversidad y la vida cultural de las comunidades indígenas que lo rodean. Para Ancovinto, el salar es mucho más que una fuente de recursos: es un lugar sagrado y esencial para su cosmovisión, profundamente conectado con sus modos de vida tradicionales.

Además de su valor cultural, el salar sostiene actividades económicas clave, como la crianza de camélidos y la agricultura de subsistencia, gracias a la presencia de humedales y bofedales que proveen agua y alimento para los animales. Intervenir intensivamente este ecosistema, advierte Gómez, significaría un golpe devastador para la comunidad y su entorno.

Compromiso de la Alianza Mundial Aymara

Desde la Alianza Mundial Aymara, expresamos nuestro compromiso y vigilancia activa en torno a este proceso. Nos mantenemos atentos a cada etapa y, especialmente, enfocados en que se alcance la justicia que corresponde a la Comunidad Aymara de Ancovinto. Este caso no solo representa una lucha por derechos territoriales y ambientales, sino también una defensa de la cultura aymara, profundamente arraigada en la región.

“La preservación de nuestras tradiciones y nuestra conexión con el territorio son aspectos fundamentales de nuestra identidad. No permitiremos que decisiones negligentes comprometan nuestra herencia cultural y espiritual”, señalaron colaboradores de la Alianza.

Un llamado a la justicia

Joel Gómez concluyó con un mensaje contundente: “El nivel de desorden y desprolijidad demostrado por el Gobierno no puede tolerarse en esta materia. La supervivencia de nuestra forma de vida en el altiplano chileno depende de un proceso transparente y justo. Esperamos que la justicia respalde nuestra demanda, porque el futuro de nuestra comunidad y de nuestra tierra sagrada está en juego”.

La comunidad de Ancovinto espera que este recurso sirva para corregir las omisiones del Estado y garantizar que la consulta indígena respete plenamente los derechos de las comunidades afectadas, tal como exige la legislación nacional e internacional.